Despilfarro y austeridad: la doble vara de los recursos públicos

 

El manejo del dinero de los contribuyentes en nuestro país vuelve a estar en el centro del debate, dejando al descubierto una paradoja tan indignante como perjudicial.

Mientras desde el gobierno se promueve un discurso de «austeridad», materializado en medidas efectistas y en un ahogo operativo en áreas sensibles, por otro lado se multiplican las decisiones de gasto de dudosa prioridad, ejecuciones presupuestales millonarias y la persistente tentación de recurrir a la voracidad fiscal para seguir exprimiendo los bolsillos de la ciudadanía.

Por un lado, el espectáculo de la inversión pública ofrece muestras sistemáticas de un desatino financiero que parece no tener freno.

La reciente confirmación del megaproyecto para construir una nueva y sumamente costosa ciclovía hacia la zona del Cerro es apenas el último capítulo de una lista de prioridades distorsionadas en la infraestructura metropolitana.

Esta iniciativa se suma a las cuestionadas arterias ciclísticas en el centro de la ciudad, obras cuyas elevadas cifras por kilómetro contrastan de forma flagrante con las necesidades urgentes y desatendidas que día a día sufren los vecinos en materia de limpieza, iluminación y pavimentación barrial.

Pero el despilfarro no es exclusivo del ámbito departamental; la administración pública acumula hitos de enorme costo que la ciudadanía termina pagando en silencio:

• La compra de la estancia María Dolores: Una adquisición inmobiliaria de alto costo para el Instituto Nacional de Colonización cuya conveniencia y oportunidad técnica han sido severamente cuestionadas frente a las urgencias productivas reales.
• El colapso del contrato con el astillero Cardama: La fallida y traumática rescisión de la compra de los buques patrulleros (OPV), un fiasco administrativo que sepulta desembolsos ya concretados de al menos 30 millones de euros, sumados a las eventuales contingencias judiciales internacionales que aún pesan sobre las arcas del Estado.
• El drenaje de la división Cemento de ANCAP: Décadas de transferencias y pérdidas operativas sostenidas en la producción estatal de Portland sin que se concrete una solución de fondo.
• Los pasivos heredados de aventuras industriales: Las millonarias secuelas financieras de megaproyectos frustrados como la planta de regasificación de Gas Sayago, cuyos costos de mantenimiento y litigios continúan pasando factura al erario público.

Frente a esta soltura para comprometer o malgastar sumas astronómicas, la "austeridad" oficial se aplica con una rigidez insólita en el extremo equivocado.

Se la entiende mal y se la ejecuta peor. Un ejemplo claro se observa en la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde los recortes presupuestales drásticos y los atrasos en los giros para alquileres y representación diplomática amenazan la operativa básica de nuestras embajadas y la imagen institucional del país en el exterior.

Reducir gastos en la diplomacia o cancelar instancias de integración funcional mientras se mantienen estructuras superpuestas o contrataciones accesorias no es austeridad: es miopía administrativa.

Lo más preocupante de esta dinámica es su desenlace previsible.

Para tapar los agujeros que deja la mala gestión y financiar compromisos mal planificados, la respuesta estatal vuelve a ser la de siempre: la presión sobre el contribuyente.

A través de revisiones tributarias, reasignaciones apremiantes y ajustes en las exoneraciones, el Estado demuestra una voracidad fiscal insaciable, orientada a sacarle al ciudadano hasta la última moneda de su esfuerzo diario.

El Uruguay no sufre de escasez de recursos, sino de una profunda falla en la fijación de sus prioridades.

Administrar con responsabilidad exige mucho más que discursos solemnes: requiere terminar con las inversiones caprichosas y los proyectos inconclusos, respetando verdaderamente el dinero de quienes, con su trabajo, sostienen la estructura de la República.

 Ricardo Alba    El Día 24 de octubre 2026