CASUPÁ : RIESGO, SOBERBIA Y DESPILFARRO

 

La historia reciente de la gestión del agua en el Uruguay metropolitano parece atrapada en un loop de improvisación, miopía técnica y soberbia política.

La insistencia oficial en torno al proyecto de la Represa de Casupá, lejos de perfilarse como una solución estructural a nuestros problemas de abastecimiento se ha consolidado como un monumento al error estratégico.

Lo que en su momento advertimos desde estas páginas como una huida hacia adelante frente a la crisis hídrica y humana, hoy se desarma ante la cruda realidad de los informes técnicos, el rechazo territorial y las alertas de los propios organismos de financiamiento internacional.

La advertencia internacional: un proyecto de “alto riesgo”

Durante demasiado tiempo se intentó vender la idea de Casupá como una panacea indiscutida, ocultando bajo alfombras administrativas los informes de viabilidad real. Sin embargo, las fichas se van cayendo.

Hoy sabemos —y así lo han puesto de manifiesto actores políticos y seguimientos especializados— que la propia CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), entidad llamada a financiar la obra con unos 130 millones de dólares, ha encendido las alarmas catalogando el proyecto con un perfil de alto riesgo ambiental y social.

Cuando un banco de desarrollo multilateral, cuyo negocio, al fin y al cabo, es prestar para ejecutar, advierte sobre los peligros socioambientales de una obra, es porque el grado de afectación potencial supera con creces los márgenes de tolerancia aceptables.

Insistir en avanzar a ciegas, desoyendo estas advertencias y descalificando como "palos en la rueda" los legítimos reclamos de vecinos organizados y estudios técnicos independientes, no es gobernar con firmeza; es administrar un capricho a espaldas de la prudencia pública.

El costo humano y productivo: 37 unidades familiares bajo el agua

Los números oficiales y los recientes informes sociales sobre el impacto en el territorio revelan la dimensión real del problema: al menos 37 unidades productivas quedan directamente en la línea de fuego de la inundación y las modificaciones territoriales.

Detrás de cada una de estas unidades productivas hay familias arraigadas, trabajo nacional, producción sostenible y tejido social que se pretende sacrificar en el altar de una solución hidráulica anticuada.

Pretender compensar el desarraigo y la alteración profunda de toda una cuenca con agendas interinstitucionales de maquillaje o promesas burocráticas es ignorar el daño irreparable que se le inflige al interior productivo.

Se multiplican las preocupaciones locales mientras el gobierno acelera expropiaciones para obradores, demostrando una desconexión alarmante entre el despacho ministerial y el territorio afectado.

El error de mirar al pasado: la cuenca enferma no se cura con un muro

El núcleo de nuestra argumentación histórica se mantiene inalterable: la dependencia de la ya sobreexplotada y contaminada cuenca del río Santa Lucía no se resuelve construyendo más muros para retener más agua podrida, sino abordando la contaminación de raíz.

Construir Casupá sobre una cuenca que arrastra graves problemas de gestión de nutrientes, recurrentes floraciones de cianobacterias y presiones agroindustriales desreguladas es replicar los mismos vicios que nos llevaron al colapso durante la crisis del agua.

Como han señalado voces lúcidas del ámbito académico y técnico (incluyendo advertencias de la Facultad de Ingeniería sobre el manejo del embalse), la represa no garantiza calidad de agua si no se sanea el origen.

Es, en palabras de la discusión pública actual, un costoso "lujo de la miseria": se dilapidan recursos colosales en una obra de dudosa eficacia preventiva, mientras se postergan alternativas de verdadera vanguardia y seguridad hídrica para el área metropolitana.

Conclusión: frenar a tiempo es la verdadera responsabilidad

El naufragio ambiental y financiero hacia el que nos conduce el proyecto Casupá todavía está a tiempo de ser evitado.

Continuar adelante bajo la lógica de "el proyecto no se para" transforma una política pública de saneamiento y abastecimiento en un acto de soberbia dogmática.

Uruguay no se puede dar el lujo de gastar 130 millones de dólares en un desastre anunciado que fractura el territorio, destruye unidades productivas, choca con las exigencias de los organismos de crédito y deja intacto el problema de fondo de nuestros recursos hídricos.

Es hora de detener la marcha, escuchar a la ciencia, respetar a los pobladores locales y barajar de nuevo antes de que el daño ambiental y social sea irreversible.

Ricardo Alba  El Día 26 de setiembre 2026