312 homicidios y mordaza a la crítica
312
homicidios en apenas nueve meses son el reflejo irrefutable
de un fracaso en la gestión de la seguridad pública.
Mientras la violencia en las calles escala y las muertes
se acumulan, el Ministerio del Interior parece haber volcado sus mejores
esfuerzos no en frenar el delito, sino en silenciar
a quienes señalan las fallas del sistema.
La reciente destitución de Carlos Piedra, presidente del
sindicato de la Guardia Republicana (Unipolgr), marca un hito peligroso. Es la
segunda vez que el gobierno frenteamplista busca expulsar al dirigente quien
debió recurrir a la Justicia para anular la primera decisión.
La señal enviada desde la conducción de la cartera es
clara y desalentadora: ante la falta de resultados frente a la delincuencia, la
respuesta oficial es el disciplinamiento y el castigo a la disidencia.
Esta doble vara retrata una prioridad distorsionada:
Incapacidad
en el terreno: Un escenario de violencia desbordada donde
las estrategias operativas vigentes se muestran ineficaces para proteger a la
ciudadanía.
Mano
dura hacia adentro: El uso del aparato administrativo para
amordazar a la representación sindical y neutralizar cualquier cuestionamiento
técnico o político sobre el rumbo de la seguridad.
Cuando las autoridades responden a una crisis de
violencia persiguiendo a las voces críticas en lugar de revisar sus planes de
patrullaje y combate al crimen, el mensaje institucional es devastador.
No
se protege a la población; se protege el relato.
Ricardo Alba
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