Entre los escombros y la paranoia: el Estado ante la tragedia venezolana

 

La magnitud del desastre que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio es, por sí sola, una tragedia que sobrecoge a cualquier conciencia humana.

Con un balance oficial que ya supera los 1.900 fallecidos y proyecciones de la ONU que apuntan a 50.000 desaparecidos, el escenario en estados como La Guaira y Carabobo es devastador. Sin embargo, lo que estamos presenciando no es solo la furia de la naturaleza, sino el colapso de un sistema político que ha quedado, por fin, totalmente al desnudo.

En las primeras horas tras el doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5, el país fue testigo de una realidad elocuente: mientras los ciudadanos removían escombros con sus propias manos, palas y desesperación, el Estado brillaba por su ausencia.

Aquellos que buscaban sobrevivientes entre las ruinas de sus hogares no contaban con el apoyo de maquinaria pesada ni de una logística gubernamental eficiente. Esa carencia, lejos de ser un accidente, es el reflejo de años de desmantelamiento institucional, donde la infraestructura básica fue sacrificada en el altar de la retención del poder.

Lo más indignante, no obstante, no es solo la falta de capacidad, sino la gestión de la sospecha. Informes procedentes del terreno, ratificados por rescatistas internacionales como los grupos "Los Topos" de México y Chile, han arrojado luz sobre una conducta atroz: el uso de la fuerza militar para obstaculizar el auxilio.

En un acto que desafía toda ética humana, efectivos militares han bloqueado el acceso a zonas críticas, exigiendo permisos burocráticos o priorizando la custodia de perímetros sobre la vida de quienes, según las señales de los perros rescatistas, aún luchaban por respirar bajo los escombros.

La respuesta del régimen ha estado impregnada de una paranoia política que resulta criminal. Al tratar la ayuda humanitaria como una posible amenaza, temiendo que el despliegue internacional sea una fachada para el espionaje o la desestabilización, el gobierno ha demostrado que sus prioridades están invertidas.

Cuando un rescatista tiene que explicarle a un general que su única misión es salvar una vida, mientras ese general se preocupa por quién los está observando, entendemos que estamos ante un Estado que teme más al ciudadano en situación de vulnerabilidad que a la catástrofe misma.

Esta tragedia ha expuesto la desconexión total de un gobierno que hace años prioriza su enriquecimiento y su supervivencia política por encima de la protección de sus ciudadanos.

La narrativa de "protección social" se ha desmoronado ante los ojos del mundo. Incluso aquellos sectores que históricamente justificaron o guardaron silencio sobre la situación interna del país, hoy se ven forzados a enfrentar la realidad: no se puede esconder la ineficiencia y la inhumanidad cuando el pueblo está literalmente buscando a sus muertos en la calle.

La crisis que vive Venezuela hoy no es solo sísmica; es una crisis de legitimidad.

La solidaridad de la comunidad internacional es bienvenida, pero la responsabilidad recae sobre un Estado que, en la hora más oscura, eligió el control social antes que la compasión.

Que estas imágenes y estos testimonios sirvan para que, una vez que el polvo se asiente y las cámaras de televisión se retiren, no permitamos que el olvido cubra las cicatrices de un pueblo que fue abandonado por sus propios gobernantes.

Un Estado o mejor dicho un gobierno que obstaculiza la salvación de su gente ha perdido, definitivamente, su razón de ser.

Ricardo Alba  El Día 4 de julio 2026