Crecer sin dejar a nadie en el camino

 

En las últimas semanas, el debate económico uruguayo ha vuelto a transitar por viejos caminos.

Mientras miramos de reojo cómo otras economías de la región, como Paraguay o Perú, celebran sus propios éxitos, o analizamos el explosivo despegue petrolero de Guyana, un diagnóstico se ha vuelto recurrente fronteras adentro: Uruguay ha perdido competitividad.

Informes recientes, como los presentados por el economista Ignacio Munyo desde el centro CERES, nos advierten sobre una dura realidad.

Los costos internos en dólares se han duplicado en dos décadas, el Estado ha crecido en dimensiones y superposiciones, y el clima de negocios se resiente.

La receta ortodoxa que se desprende de estos análisis apunta a un ajuste ineludible: revisar minuciosamente el gasto público, eliminar regulaciones burocráticas y evitar medidas que encarezcan el factor trabajo, como la reducción de la jornada laboral sin ajuste salarial, para no ahuyentar la inversión privada.

Nadie puede negar que sanear las cuentas públicas y ordenar la casa es una condición necesaria para evitar el estancamiento. Sin embargo, al leer estas propuestas, surge una legítima preocupación de fondo: lo social parece quedar relegado a un segundo plano o relegado a una mera consecuencia lejana del crecimiento.

Si miramos la realidad de nuestro país, el verdadero problema no se agota en la línea de flotación de las cuentas fiscales ni en la rentabilidad del capital.

En los barrios, en las escuelas y en la periferia, persiste un núcleo duro de pobreza estructural e infantilización que no se disuelve mágicamente por el simple hecho de mejorar el clima de negocios. El tiempo de vida, el descanso y la dignidad de las familias vulnerables no pueden ser variables de ajuste.

El desafío histórico que enfrenta el Uruguay de hoy no es elegir entre eficiencia o equidad, sino cómo articular reformas estructurales profundas sin dejar a nadie por el camino.

Esto implica un cambio de enfoque. El ahorro genuino que se logre al eliminar la “grasa” del Estado y la superposición de organismos públicos no debe tener como único destino el alivio fiscal o la desregulación ciega.

Debe ser el combustible para financiar políticas sociales de impacto quirúrgico y permanente. Necesitamos un Estado más austero en su burocracia, pero más fuerte y presente en la primera infancia, en la erradicación del saneamiento pendiente y en la reconversión laboral real para los trabajadores que queden obsoletos frente a la modernización.

El tiempo en el siglo XXI es un derecho, y el desarrollo económico solo tiene sentido si mejora la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos, especialmente de los más postergados.

La política tiene la enorme responsabilidad de construir los consensos para que la competitividad y la justicia social caminen juntas, de lo contrario, el éxito macroeconómico será una estadística vacía.

Ricardo Alba  El Día 27 de junio 2026