El vicio de la oficina nueva: la ilusión del "simbolismo legislativo"

 

Uruguay sangra en sus calles. El dato es tan frío como estremecedor: con 471 muertes en siniestros viales durante el último año, la tasa de mortalidad al volante (13,5 por cada 100.000 habitantes) ya superó a la de los homicidios.

Frente a esta tragedia cotidiana de picadas clandestinas, conductores alcoholizados e impunidad en dos ruedas, el diagnóstico del intendente de Canelones, Marcelo Metediera, es incontrastable: hoy en día, violar la ley de tránsito sale alarmantemente gratis. La Ley de Faltas es una cáscara vacía donde apenas el 15% de las denuncias llega a una sentencia.

Sin embargo, frente al drama real, la respuesta institucional vuelve a tropezar con la misma piedra de siempre. La propuesta de crear tres Fiscalías Especializadas en Tránsito (en Montevideo, Canelones y Maldonado) desnuda, una vez más, la tensión crónica que adormece al Estado uruguayo: la peligrosa distancia entre la urgencia política/social y la sostenibilidad estructural.

En nuestro país existe una arraigada y preocupante tendencia cultural e institucional a pensar que la solución para cualquier herida social consiste en redactar una ley nueva o colgar un cartelito con un nombre pomposo en la fachada de una oficina flamante.

Es lo que en la ciencia política se define con precisión como "simbolismo legislativo": ante la legítima presión de la opinión pública por los muertos en el tránsito, la respuesta política más visible, rápida y efectista es exclamar: “¡Vamos a crear fiscalías especializadas!”. Se busca el aplauso del anuncio, el titular de prensa que simule acción, postergando el debate de fondo.

Porque la realidad intramuros de la Fiscalía General de la Nación es diametralmente opuesta a la fantasía del burócrata.

El sistema penal arrastra una sobrecarga crónica que bordea el colapso. Hablamos de fiscales de flagrancia desbordados con más de 500 causas por cabeza, expedientes que duermen el sueño de los justos por falta de brazos y un reclamo presupuestal que nunca llega a ser atendido.

En este escenario de escasez, inventar nuevas fiscalías por más que las intendencias presten amablemente las cuatro paredes de un local, es jugar al juego de la sábana corta: lo que se le asigna al tránsito se le restará inevitablemente a la persecución de delitos complejos, la violencia de género o el narcotráfico. Se distribuye la miseria de los recursos en más ventanillas, agravando la fragmentación y la burocracia.

La Justicia es el último eslabón de la cadena, no el primero.

Si no hay más fiscalización, si no se multiplica la policía de tránsito en la calle pero, sobre todo, si no hay más educación vial e infraestructura que facilite un tránsito ordenado y fluido, la fiscalía especializada solo será un nuevo receptor de toneladas de papeles que nadie tendrá tiempo de procesar.

La solución inteligente no es seguir inflando el organigrama del Estado, sino arreglar la máquina interna.

En lugar de judicializar penalmente cada infracción, lo que requiere un despliegue carísimo y lento de fiscales, jueces y defensores,, Uruguay debe mirar hacia sistemas que ya demostraron su éxito a nivel global.

El derecho penal debe reservarse, con exclusividad y rigor, para los casos criminales puros.

Responder en modo automático creando más burocracia mientras las bases del sistema penal se caen a pedazos es una irresponsabilidad política insostenible. Seguir poniendo parches sobre una estructura saturada solo sirve para la foto del momento.

Gobernar con madurez implica resistir la tentación del aplauso fácil y entender, de una vez por todas, que los problemas del siglo XXI no se solucionan abriendo más oficinas públicas.

Ricardo Alba  El Día 23 de mayo 2026