Soberanía laboral: un legado batllista

 

Uruguay ha vuelto a ser observado por la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, esta vez bajo la presión de modificar el artículo 12 de nuestra ley vigente de negociación colectiva.

Más allá de los tecnicismos jurídicos que se discutieron durante horas en Ginebra, la verdadera pregunta que debemos hacernos como nación no es si nos ajustamos o no a una norma internacional, sino qué clase de país queremos construir hacia el futuro.

El sistema de Consejos de Salarios no es un invento reciente; es una herramienta formidable, forjada al calor de la tradición batllista hace más de 80 años. Fue diseñada bajo una premisa ética inamovible: el Estado tiene el deber de actuar como árbitro porque en la relación laboral, el trabajador es, por definición, la parte más vulnerable.

Es fundamental entender que esta instancia tripartita no debe limitarse a la fijación de salarios mínimos; es el ámbito natural donde se negocian, además, condiciones de trabajo, categorías laborales y beneficios concretos que impactan en la vida diaria de nuestra gente. La presencia estatal en este proceso no es una "interferencia", es la garantía de que la justicia prevalezca sobre la ley del más fuerte.

Sin embargo, hoy presenciamos un intento orquestado —bajo el discurso de la "libertad" y la "modernización"— para desmantelar este pilar.

Las cámaras empresariales, que históricamente han preferido la negociación individual donde operan desde una posición de fortaleza, insisten en llevar la negociación a un terreno que dejaría a los trabajadores desguarnecidos. Curiosamente, reclaman libertad para el trabajador mientras, en la práctica, buscan que este carezca de una red de contención frente al poder del capital.

Uno de los puntos más preocupantes de esta ofensiva es el ataque a la ultraactividad y a la estabilidad de los acuerdos.

Si permitimos que las conquistas ya obtenidas deban renegociarse desde cero cada pocos años, estaremos condenando al trabajador a una situación de desgaste permanente, privándolo de derechos adquiridos que son el sostén de su calidad de vida. No podemos permitir que el horizonte de nuestro progreso sea el retroceso.

Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra soberanía laboral para encajar en las exigencias de organismos que a menudo ignoran la realidad social de nuestro país?

Uruguay siempre ha estado un paso adelante en materia de protección social. Bajar ese nivel, no por necesidad interna, sino por presión externa, es una forma de rendición de nuestra identidad nacional.

Es momento de que el sistema político, y en particular aquellos que se reclaman herederos de las grandes tradiciones republicanas, tomen postura. Defender los Consejos de Salarios es defender la dignidad del trabajo uruguayo.

Debemos tener la firmeza de sostener que, en nuestro país, el desarrollo no se mide solo por las tasas de competitividad, sino por la solidez de las instituciones que protegen a quienes, con su esfuerzo diario, hacen grande a la Nación.

Ricardo Alba El Día 20 de junio 2026