La ONU condenó una esclavitud… pero se olvidó de todas las demás
El 25 de marzo de
2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que
califica la trata transatlántica de esclavos africanos y la esclavitud
racializada como “el crimen de lesa humanidad más grave de la historia”.
Impulsada por Ghana y
un bloque de unos 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos, la
declaración fue adoptada con 123 votos a favor, 52 abstenciones (casi todo el
bloque europeo, incluido el Reino Unido) y solo tres votos en contra:
Argentina, Estados Unidos e Israel.
Uruguay votó a favor,
sumándose a los 123 países que apoyaron la resolución y alineándose con la
posición mayoritaria de la región. Voces cercanas a la Cancillería presentaron
este voto como parte de una política de Estado en materia de derechos humanos y
reparación histórica, en continuidad con la participación uruguaya en el Foro
Permanente de Afrodescendientes de la ONU.
La resolución no es
vinculante, pero tiene fuerte peso simbólico y político. Destaca la magnitud,
duración, brutalidad y consecuencias duraderas de ese sistema que, durante más
de cuatro siglos, codificó a millones de seres humanos y a sus descendientes
como propiedad hereditaria, enajenable y perpetua. También abre la puerta a
disculpas formales y reparaciones.
Desde la Cancillería
argentina explicaron con claridad el voto negativo: el texto no estuvo abierto
a modificaciones (“a tapa cerrada”) y Argentina rechaza calificar una forma
específica de esclavitud como “la más grave de la historia, dejando otras por
fuera”. “No hay esclavitudes ‘peores’ y otras tolerables. Basta de narrativa
woke”, resumió el canciller Pablo Quirno.
Y tiene razón. Porque
la esclavitud no fue un invento europeo del siglo XV ni un monopolio
occidental. Fue una institución universal, practicada por casi todas las
civilizaciones a lo largo de la historia.
Condenar solo una, y
declararla “la peor”, no es un acto de justicia histórica; es una elección
política que selecciona víctimas y victimarios según la agenda del presente.
Tomemos solo dos
ejemplos bien documentados que la ONU nunca ha tratado con la misma solemnidad.
Entre los siglos XV y XIX, los piratas berberiscos del norte de África
(actuales Marruecos, Argelia, Túnez y Libia) capturaron y esclavizaron a más de
un millón de europeos cristianos. Realizaron razias en costas españolas,
italianas, francesas e incluso islandesas. Los hombres terminaban en galeras
(un destino peor que la muerte para muchos), las mujeres en harenes o prostíbulos,
y se exigían rescates elevados para quienes tenían “manos suaves”. Miguel de
Cervantes pasó cinco años como esclavo en Argel y intentó fugarse cuatro veces.
El embajador de Trípoli en Londres justificó en 1785 esas razias con el Corán:
era “derecho y deber” hacer la guerra santa a los infieles y esclavizarlos.
Ese comercio de
esclavos blancos tuvo un fuerte componente religioso (yihad) además del
económico. ¿Alguna vez la ONU lo declaró “crimen de lesa humanidad más grave”?
No. Ni una resolución dedicada.
Peor aún: la trata
transahariana y la esclavitud en el mundo islámico. Durante más de mil años
(siglos VII al XX) se traficaron entre 9 y 14 millones de africanos negros
hacia el norte de África y Oriente Medio. Eunucos, concubinas, mano de obra forzada.
El Imperio Otomano, Persia y los estados árabes también esclavizaron a
europeos, circasianos y eslavos. Ninguna resolución de la Asamblea General ha
pedido reparaciones a esos países ni ha declarado ese sistema “el más grave”.
Y esto no es solo historia
antigua.En 2014, el Estado Islámico (ISIS) revivió la esclavitud sexual como
política oficial. En Sinjar secuestraron a más de 6.800 mujeres y niños
yazidíes. Los vendieron en mercados públicos en Mosul y Raqqa, con precios
oficiales según edad y belleza. Violaciones sistemáticas, embarazos forzados,
niños convertidos en soldados. La propia ONU calificó estos actos como
genocidio. Hoy, entre 2.600 y 2.900 yazidíes siguen desaparecidos o en
cautiverio. ¿Una resolución especial declarando esto “el crimen más grave”?
Tampoco.
Mientras tanto, la
Organización Internacional del Trabajo estima que hoy hay 50 millones de
personas en esclavitud moderna en todo el mundo: trabajo forzoso, servidumbre
por deudas, prostitución forzada y explotación en minas y campos. La mayoría en
Asia y África. Silencio selectivo también aquí.
La resolución del 25
de marzo no niega que la trata transatlántica fue horrenda. Lo fue. Pero al
establecer un ranking moral y político, “la más grave”, y al ignorar
deliberadamente otras esclavitudes de igual o mayor escala, la ONU no combate
el mal: lo instrumentaliza. Convierte la memoria histórica en herramienta
geopolítica y en demanda de reparaciones focalizadas.
Argentina, al votar
en contra junto a Estados Unidos e Israel, no defendió la esclavitud. Defendió
una verdad incómoda pero elemental: todos los crímenes contra la humanidad
merecen la misma condena. No hay jerarquías de víctimas según el color de la
piel, la religión o la ideología del presente. La esclavitud es un horror universal
y debe ser condenada como tal, sin excepciones ni olvidos convenientes.
Uruguay, en cambio,
optó por sumarse a la mayoría y respaldar el texto tal como fue presentado. Es
una decisión soberana, pero deja en evidencia la diferencia de enfoques entre
ambos países: mientras uno prioriza la coherencia universal en la condena de
todas las atrocidades históricas, el otro se alinea con una narrativa que
jerarquiza el sufrimiento según conveniencias políticas actuales.
Porque si la ONU
quiere ser creíble cuando habla de derechos humanos, no puede seguir
practicando la memoria selectiva. La historia no se reescribe eligiendo qué
atrocidades recordar y cuáles enterrar según la conveniencia del momento.
Ricardo Alba El Día 4 de abril 2026
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