El crimen organizado avanza y el Estado hace la plancha

 

La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, no habló con eufemismos ante la Comisión de Hacienda del Parlamento: “Se los imploro”.

La frase, cargada de urgencia, no es un recurso retórico; es el grito de quien ve venir el incendio y no encuentra bomberos. Ferrero identificó tres puntos calientes —Rosario, Chuy y Toledo— donde el narcotráfico y la violencia “arden” sin control.

Pidió fiscales, recursos, conciencia. Recibió, hasta ahora, silencio oficial. Lo que preocupa no es solo la constatación del avance del crimen organizado —dato que cualquier vecino de barrio periférico ya intuye—, sino la evidencia de que el Estado uruguayo carece de herramientas y, lo que es peor, de voluntad política para enfrentarlo.

Ferrero comparó la situación con Río de Janeiro, donde el Comando Vermelho no solo controla territorios sino que ejerce justicia paralela: decide quién vive, quién muere, quién paga impuestos. El Estado, allí, es un convidado de piedra que sólo recupera el control a balazos y con costo de vidas inocentes.

Uruguay no está en ese punto, pero camina hacia él con los ojos vendados. El diagnóstico es técnico y político a la vez. Diez fiscalías del interior funcionan con un solo fiscal de turno único; cuando se enferma o viaja, el sistema colapsa. Rosario es puerta de entrada de cargamentos desde Argentina; Chuy, puente de organizaciones binacionales; Toledo, escenario de homicidios que ya no sorprenden.

Ferrero solicitó al menos tres fiscales nuevos para los puntos críticos. La respuesta del Ministerio del Interior liderado por Carlos Negro, es un eco vacío. El gobierno del Frente Amplio, que prometió “seguridad para todos” en su retorno al poder, hace la plancha: ni presupuesto, ni estrategia, ni discurso que reconozca la magnitud del problema.

La inacción tiene nombre y apellido. El ministro Negro ha convertido la seguridad en un ejercicio de relaciones públicas: habla sobre más patrulleros, más cámaras, más estadísticas que esconden la realidad. Sólo habla. Mientras tanto, las bandas se profesionalizan, se financian con narcotráfico y lavado, y reclutan a menores que ven en el delito la única escalera social disponible.

El Estado, ausente, deja el terreno libre. Recuperar el control no será gratis. En Río, cada intento de reingreso estatal termina en guerra urbana. Uruguay aún puede evitar ese desenlace, pero el tiempo se agota.

Las declaraciones de Ferrero son un semáforo en rojo que el gobierno finge no ver. Si no se asignan recursos inmediatos —fiscales, jueces, inteligencia, prevención—, el país despertará un día con barrios donde la bandera nacional es un adorno y la ley la dicta quien porta el arma más grande.

La fiscal de Corte no pide un milagro; pide lo mínimo para que el Estado no abdique. El gobierno, en cambio, prefiere la comodidad de la negación. Uruguay merece más que un ministro que hace la plancha mientras el barco se hunde.

Merece un plan, un presupuesto y, sobre todo, la valentía de reconocer que el crimen organizado no es un problema ajeno: ya está aquí, y crece mientras dormimos.

Ricardo Alba  El Día 1 de noviembre 2025