Rebajas de aportes: ¿Solución o parche que hipoteca el futuro del BPS?

 


Una nueva propuesta legislativa, presentada por la senadora Carmen Tort, busca incentivar la formalización del empleo doméstico mediante la reducción de aportes al Banco de Previsión Social (BPS): los patronales bajarían del 7,5% al 5% y los obreros del 15% al 7,5%, acompañados de una bonificación de años trabajados para facilitar la jubilación.

Si bien el objetivo de formalizar un sector históricamente precarizado es loable, esta iniciativa repite un patrón preocupante: la rebaja de aportes como solución recurrente para estimular el empleo, una estrategia que, lejos de resolver problemas estructurales, amenaza con agravar el desfinanciamiento del BPS y comprometer su sostenibilidad a largo plazo.

No es la primera vez que los legisladores uruguayos recurren a esta herramienta. En los últimos años, sectores como la construcción, el empleo juvenil y ahora el doméstico han visto reducciones significativas en los aportes patronales, que en muchos casos han pasado de niveles cercanos al 15% a un magro 7,5%.

La lógica detrás de estas medidas es clara: al disminuir los costos laborales, se espera que más empleadores formalicen a sus trabajadores, aumentando la base de cotizantes. Sin embargo, esta premisa optimista choca con una realidad más compleja. La rebaja de aportes implica una menor recaudación inmediata para el BPS, un organismo ya presionado por el envejecimiento poblacional, que reduce la proporción de trabajadores activos por cada jubilado.

La promesa de un impacto “casi costo neutro”, como se argumenta en esta propuesta, depende de un aumento significativo en la formalización, algo que históricamente no siempre se ha cumplido en la magnitud esperada.

Esta contradicción estructural genera una percepción de incoherencia en las políticas públicas. Por un lado, se promueven rebajas de aportes para estimular el empleo; por otro, se alerta sobre el déficit del BPS, lo que lleva a medidas como el aumento de la edad de jubilación o ajustes en las prestaciones, como vimos en la reciente reforma de la seguridad social.

Los trabajadores, principales afectados, quedan atrapados en este círculo vicioso: menos aportes pueden traducirse en un salario neto ligeramente mayor en el corto plazo, pero también en jubilaciones más bajas en el futuro, ya que estas se calculan en función de lo aportado.

Es una solución de corto alcance que hipoteca los derechos previsionales de quienes sostiene el sistema. La insistencia en las rebajas de aportes refleja, además, una falta de creatividad en las políticas públicas.

Existen alternativas que no comprometen los ingresos del BPS, como incentivos no contributivos: deducciones fiscales para empleadores que formalicen trabajadores, fortalecimiento de la fiscalización para combatir la informalidad o campañas de sensibilización que promuevan la valoración del empleo formal. Estas medidas, combinadas con políticas de capacitación y mejora de las condiciones laborales, podrían atacar las causas profundas de la informalidad sin debilitar el sistema previsional.

El futuro del BPS está en juego. Si continuamos con esta lógica de parches, no debería sorprendernos que, en pocos años, enfrentemos un nuevo discurso de crisis que exija otra reforma previsional, con más ajustes que recaerán sobre los hombros de los trabajadores.

Es hora de exigir una visión integral que equilibre la promoción del empleo formal con la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Reducir aportes puede parecer una solución rápida, pero sin un enfoque estratégico, solo estaremos postergando el problema y comprometiendo el derecho a una jubilación digna para las próximas generaciones.

El BPS no puede seguir siendo la variable de ajuste de políticas cortoplacistas; merece una planificación que lo fortalezca, no que lo erosione.

Ricardo Alba  El Día 4 de octubre 2025





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