EL RIESGO DE UNA EUTANASIA SIN GARANTÍAS
El debate sobre el proyecto de ley de eutanasia, nuevamente en la agenda
parlamentaria, nos obliga a mirar más allá de la mera compasión. Aunque el
anhelo de aliviar el sufrimiento es legítimo, debemos ser cautelosos con una
legislación que, tal como está redactada, plantea graves riesgos para la
protección del derecho a la vida.
Un proyecto con objeciones
fundamentales
Las principales críticas al proyecto de ley se centran en las garantías
que omite y los conflictos de interés que no aborda:
·
Falta de garantías y controles externos: El proceso se
desarrolla de forma interna, sin controles imparciales. La decisión queda en
manos del médico tratante, un colega y la institución médica, sin requerir la
opinión de un psiquiatra, el aval de un juez o la notificación a la familia. Se
cuestiona que un acto tan trascendental como poner fin a una vida se maneje sin
la supervisión de autoridades independientes.
·
Vulnerabilidad y conflicto de intereses: El paciente, en un
estado de vulnerabilidad extrema por su enfermedad, dolor y medicación, podría
no dar un consentimiento libre y consciente. Se señala un claro conflicto de
interés, ya que las instituciones médicas, con su modelo de prepago, podrían beneficiarse
económicamente de acortar la vida de pacientes con tratamientos largos y
costosos.
·
Debilitamiento del derecho a la vida: El proyecto
relativiza un principio que ha regido el derecho uruguayo por más de un siglo:
nadie puede disponer legítimamente de la vida de otra persona. Al no rodear
esta decisión de las máximas garantías, la ley podría socavar la protección del
derecho más fundamental de todos.
·
Motivaciones económicas: Se sugiere que,
bajo el manto de la compasión, se esconde una motivación económica. La ley
podría convertirse en un mecanismo para reducir costos en el sistema de salud,
acortando la vida de personas en su etapa más cara y menos productiva. La falta
de debate público y la omisión de salvaguardas legales confirman, para los
críticos, que la ley prioriza el ahorro sobre el sufrimiento.
·
Alteración de la función médica: El proyecto obliga
a los médicos a asumir un rol que choca con la esencia de su profesión. El
juramento hipocrático de "no dañar" se vería comprometido si los
profesionales de la salud, formados para salvar vidas, se convirtieran en los
ejecutores de la muerte. Esto podría generar una profunda desconfianza en los
pacientes sobre las verdaderas intenciones del personal de salud.
La urgencia de un debate sincero
Este debate no se trata de religión o filosofía, sino de sentido común.
No es un rechazo a la voluntad del individuo, sino una denuncia de la fragilidad y peligrosidad de la ley que se propone.
¿Realmente queremos que la sociedad descarte a los ancianos y enfermos bajo el
pretexto de la compasión, mientras se ahorra dinero?
La falta de garantías en este proyecto es una señal de alarma. Una ley
de esta naturaleza exige transparencia y controles rigurosos, y es
responsabilidad de nuestros legisladores asegurar que no se abra una puerta a
intereses que nada tienen que ver con el bienestar de los pacientes. La
pasividad en este tema no es una opción, es una amenaza a nuestra propia salud
y a los cimientos de nuestra sociedad.
Ricardo Alba
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