LA "REESTRUCTURA" DE ASSE Y EL COSTO DE LOS NUEVOS "GERENTES"

 El reciente escándalo en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ha sacado a la luz una práctica que, aunque no nueva, resulta alarmante por su recurrencia y sus consecuencias: la creación de cargos de dirección bajo el pretexto de “reestructuras” que, lejos de mejorar el funcionamiento del Estado, parecen diseñadas para premiar lealtades políticas y engrosar los ingresos de unos pocos.

Apenas asumieron sus cargos, los nuevos directores de ASSE se apresuraron a crear decenas de funciones de dirección, presentadas como imprescindibles para optimizar el organismo.

Sin embargo, estas iniciativas, que no son exclusivas de ASSE, sino una constante en la Administración Pública de las últimas dos décadas, despiertan serias dudas. ¿Por qué estas “necesidades” no fueron identificadas por gestiones anteriores? ¿Qué mejoras concretas aportan estas nuevas gerencias? La respuesta, lamentablemente, parece estar más vinculada al favoritismo político que a la eficiencia administrativa.

Bajo el manto de una supuesta modernización, los jerarcas de turno aprovechan para asignar jugosas compensaciones a funcionarios leales, consolidando una dinámica perversa en la que la carrera funcional queda relegada.

Los cargos de dirección, que deberían basarse en méritos y trayectoria, se convierten en “encargaturas” provisionales, sujetas al arbitrio del poder político. Esto no solo desmotiva a los funcionarios capacitados, sino que genera un sistema donde la lealtad al jerarca pesa más que la competencia profesional.

Las consecuencias de esta práctica van más allá de los costos económicos, que recaen sobre los contribuyentes.

La improvisación y la falta de preparación de muchos de estos “gerentes” y de los propios mandos políticos, derivan, tarde o temprano, en resoluciones y actos administrativos arbitrarios o contrarios a derecho, que terminan en juicios contra el Estado. Los funcionarios, temerosos de perder sus privilegios, evitan cuestionar decisiones, perpetuando un ciclo de ineficiencia y, en algunos casos, injusticia.

ASSE es solo la punta del iceberg. Esta lógica de “reinos de encargaturas” se replica en numerosos organismos públicos, que funcionan cada vez peor mientras los costos se disparan.

Es hora de que el Estado uruguayo enfrente este problema de fondo: la Administración Pública no puede seguir siendo un botín político. Es imperativo establecer mecanismos transparentes para la designación de cargos, basados en la meritocracia y no en el clientelismo. Solo así se podrá recuperar la confianza en las instituciones y garantizar un servicio público eficiente y justo para todos los ciudadanos.

Uruguay merece un Estado que funcione, no que se “reestructure” para beneficiar a unos pocos.

Ricardo Alba            El Día 19 de julio de 2025